Distr.

GENERAL

UNEP/CBD/COP/4/20

11 de marzo de 1998

ESPAÑOL

Original: INGLÉS

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Cuarta reunión

Bratislava, 4 a 15 de mayo de 1998

Tema 15.3 del programa provisional*

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y REVISIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS:

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 14

Nota del Secretario Ejecutivo

INTRODUCCIÓN

1.	En su programa de trabajo a mediano plazo, aprobado por su decisión II/18, la Conferencia de las Partes decidió examinar en su cuarta reunión las medidas para proporcionar información y compartir experiencias sobre la aplicación del artículo 14. Este artículo contiene obligaciones relativas a la evaluación del impacto ambiental y la reducción de los efectos adversos.

2.	El Secretario Ejecutivo ha preparado la presente nota para ayudar a la Conferencia de las Partes en su examen de este tema. La nota trata fundamentalmente de:

a)	La evaluación del impacto ambiental (EIA) y su aplicación al Convenio sobre la Diversidad Biológica mediante una indicación de todos los criterios que se han adoptado hasta ahora para tratar esta cuestión en los acuerdos internacionales y regionales existentes;

b)	La cuestión de la responsabilidad e indemnización, mediante un examen de los regímenes actuales del derecho internacional.

*	UNEP/CBD/COP/4/1.

Na.98-2332 050598 060598	/...

I. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL CONVENIO

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

3.	En el párrafo 1 del artículo 14 se hace referencia a la evaluación del impacto ambiental con arreglo al Convenio sobre la Diversidad Biológica. En la presente nota se ofrece un panorama general de la evaluación del impacto ambiental, así como un análisis de la evaluación del impacto y de la reducción de los efectos adversos, y un resumen de las actividades que se desarrollan actualmente con arreglo al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

A. Panorama general de la evaluación

del impacto ambiental

4.	La evaluación del impacto ambiental es un tipo de procedimiento de evaluación del impacto que se utiliza generalmente para evaluar los probables impactos ambientales y los consiguientes efectos sociales, tanto benéficos como adversos, de un proyecto o actividad de desarrollo. Se ha prestado cada vez más atención a la evaluación del impacto social (EIS) como parte del proceso de evaluación del impacto ambiental. Con frecuencia la evaluación del impacto social se aplica a las actividades que, previsiblemente, pueden tener graves impactos sociales, por ejemplo, las instalaciones industriales o las centrales de energía eléctrica y los sitios de vertimiento de desechos peligrosos. En las Buenas prácticas de evaluación del impacto ambiental de los proyectos de desarrollo de 1991, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se establece que "el EIA debería abordar todos los efectos previstos en la salud humana, el medio natural y la propiedad así como los efectos sociales, en especial las necesidades concretas de las mujeres y de grupos especiales, el reasentamiento y los efectos sobre las poblaciones indígenas que son resultado de los cambios del medio ambiente" (párrafo 4 del artículo I).

5.	Para que sea realmente efectiva, la evaluación del impacto ambiental debería efectuarse en la etapa de preparación de un proyecto a fin de determinar si es posible hacer planes prácticos para disminuir los efectos adversos. Cuando se prevé la posibilidad de que se produzcan efectos adversos, la evaluación del impacto ambiental debería indicar otros tipos de proyectos (incluida la variante de rechazo o de "acción negativa") así como medidas de mitigación de los efectos o salvaguardias ambientales que puedan incluirse en el diseño del proyecto para reducir los efectos adversos.

6.	Este método se utilizó por primera vez en la legislación interna de los Estados Unidos con arreglo a la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969, en la que se le dio carácter obligatorio para las principales medidas federales, con inclusión de los proyectos de construcción del Gobierno Federal o financiadas por el Gobierno. Muchos países y organizaciones han adoptado progresivamente este método en sus sistemas jurídicos nacionales mediante la promulgación de una legislación o de directrices al respecto.

7.	En el plano internacional, desde la Declaración de Estocolmo de 1972 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la evaluación del impacto ambiental se ha convertido en un proceso importante para integrar el medio ambiente y otros elementos, incluidos los efectos socioeconómicos, en los procesos de adopción de decisiones. La evaluación del impacto ambiental es obligatoria con arreglo a la Directiva 85/337 de la Comunidad Europea (CE) sobre evaluación del impacto ambiental (1995), la Convención sobre la evaluación de los efectos en el medio ambiente en un contexto transfronterizo de la Comisión Económica para Europa (CEPE), de 1991 (la "Convención Espoo"), y el anexo I del Protocolo sobre protección ambiental del Tratado Antártico de 1991.

8.	Con posterioridad a la Conferencia de Estocolmo, también puede encontrarse apoyo a la evaluación del impacto ambiental en las recomendaciones de las siguientes instituciones internacionales: Recomendación C(74) 216 del Consejo de la OCDE, sobre el análisis de las consecuencias sobre el medio ambiente de proyectos públicos y privados importantes (14 de noviembre de 1974); recomendación C(790) 116 del Consejo de la OCDE, sobre la evaluación de proyectos con efectos importantes sobre el medio ambiente (8 de mayo de 1979); y la Estrategia jurídica comparada de la evaluación del impacto ambiental y el desarrollo agrícola, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1982, FAO, documento sobre el medio ambiente). La recomendación C(85) 104 del Consejo de la OCDE sobre la evaluación ambiental de la elaboración de proyectos y programas de asistencia, y las directivas operacionales del Banco Mundial, indican también que en el caso de los proyectos de asistencia al desarrollo deberían aplicarse los procedimientos de evaluación del impacto ambiental.

9.	Ya en 1986, el Grupo de Expertos sobre derecho ambiental de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo había definido a la evaluación del impacto ambiental como un "nuevo principio del derecho internacional", considerando que los Estados que proyectaban desarrollar o permitir actividades que pudieran afectar considerablemente el correspondiente recurso natural o el medio ambiente deberían hacer, o exigir, una evaluación de sus efectos antes de desarrollar o permitir las actividades planificadas. En 1987, el PNUMA preparó directrices sobre el carácter y el alcance de la obligación de efectuar una evaluación, directrices que fueron aprobadas por el Consejo de Administración del PNUMA en su decisión 14/25 como "Metas y principios para la evaluación del impacto ambiental".

10.	El principio 17 de la Declaración de Río estipula que:

"Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquiera actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente."

11.	Los acuerdos internacionales que prevén la evaluación del impacto ambiental como una medida destinada a proteger a la diversidad biológica son, entre otros, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de 1973, y el Convenio relativo a los humedales de importancia internacional de 1971, especialmente como hábitat de aves acuáticas (el "Convenio de Ramsar").

B. Evaluación del impacto y reducción de los efectos adversos

de conformidad con el Convenio sobre

la Diversidad Biológica

12.	El párrafo 1 a) del artículo 14 del Convenio estipula que, en la medida de lo posible y según proceda, cada Parte Contratante establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica, con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.

1. Determinación de la necesidad de efectuar una

evaluación del impacto ambiental

13.	La primera etapa del proceso de evaluación del impacto ambiental consiste en determinar si esa evaluación es necesaria. Un procedimiento usado habitualmente con este propósito es establecer una serie de criterios basados en el tipo de actividad, el carácter del medio ambiente y el carácter del proyecto a fin de que las autoridades competentes puedan tomar una decisión sobre la necesidad de proceder a una evaluación del impacto ambiental. Para alcanzar los objetivos del párrafo 1 a) del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las Partes desearán tal vez estudiar la importancia y la necesidad de establecer un criterio de selección de la diversidad biológica con fines de evaluación del impacto ambiental. Este tipo de criterio, como un indicador de una determinada sensibilidad ambiental, garantizará la realización de una evaluación del impacto ambiental en el caso de los proyectos y actividades propuestos que pueden tener efectos adversos importantes en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

14.	Los criterios y procedimientos para determinar si es probable que una actividad tenga un efecto importante en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y, por consiguiente, si debe ser objeto de una evaluación del impacto ambiental, deben definirse de manera general mediante leyes, reglamentos u otros medios, de manera que las actividades correspondientes puedan ser identificadas de manera rápida y segura a fin de realizar una evaluación del impacto ambiental en el momento mismo de la planificación de dicha actividad. Este principio puede aplicarse mediante una serie de mecanismos, que incluirán listas de categorías de:

a)	Actividades que por su propio carácter pueden o no tener efectos importantes;

b)	Zonas que son de especial importancia o sensibilidad (por ejemplo los parques nacionales o las zonas de humedales), de modo que las actividades que afecten a estas zonas puedan tener efectos importantes;

c)	Recursos (tales como agua, bosques tropicales, etc.) o problemas ambientales (por ejemplo, un aumento de la erosión del suelo, desertificación, deforestación) que son causa de especial preocupación, de manera que la disminución de estos recursos así como la exacerbación de esos problemas serán probablemente "importantes".

2. Criterios y escala del impacto

15.	Una vez tomada una decisión en el sentido de que un posible proyecto o una actividad deben ser objeto de una evaluación del impacto ambiental, la siguiente etapa consiste en reunir datos y determinar los problemas que podría abarcar la evaluación ambiental. Por regla general, la información recogida se concentra en los efectos más importantes previstos como resultado de la determinación de la actividad y del lugar. La evaluación determina el tipo de actividades distintas que podrían tenerse en cuenta y puede incluir las medidas que cabe adoptar para mitigar los efectos adversos. Una vez realizado el análisis, los resultados de la evaluación del impacto ambiental se someten a la consideración de las autoridades competentes para que tomen una decisión. Las Partes desearán tal vez preparar directrices para evaluar determinados elementos de diversidad biológica considerándolos los efectos que serán objeto de la evaluación del impacto ambiental.

16.	Para evaluar de manera efectiva el efecto de un determinado proyecto o actividad sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, es necesario reunir información relativa al proceso de evaluación del impacto ambiental, y realizar estudios básicos y encuestas. A este respecto, las Partes pueden referirse al artículo 7 (Identificación y seguimiento), al artículo 12 b), sobre investigación, así como al artículo 17 (Intercambio de información) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta etapa exigirá también la elaboración de los métodos que han de usarse para prever la magnitud de los impactos ambientales así como el establecimiento de criterios para evaluar la importancia de los efectos. Este proceso sólo podrá desarrollarse eficazmente si se dispone de los recursos y los conocimientos técnicos adecuados; con este propósito, las Partes pueden referirse al párrafo a) del artículo 12 del Convenio, sobre capacitación, y organizar programas para dar formación a un personal en lo que se refiere a la realización y el examen de las evaluaciones del impacto ambiental tanto en el sector público como privado.

3. Participación pública

17.	El apartado a) del párrafo 1 del artículo 14 pide también a las Partes Contratantes que, en la medida de lo posible, permitan la participación del público en el proceso de evaluación del impacto ambiental. El párrafo 6 del artículo 2 de la Convención Espoo estipula que:

"De conformidad con las disposiciones de esta Convención, la Parte originaria dará al público de las zonas que pueden verse afectadas la oportunidad de participar en los correspondientes procedimientos de evaluación del impacto ambiental relacionados con las actividades propuestas, y asegurará que la oportunidad dada al público de la Parte afectada es equivalente a la dada al público de la Parte originaria."

18.	Las Buenas prácticas de evaluación del impacto ambiental de los proyectos de desarrollo, de la OCDE, dedica el artículo 7 a la participación y el interés de las instituciones locales y los grupos objetivo, y señala, entre otras cosas, en el párrafo 34, que "debe alentarse la participación de las organizaciones no gubernamentales del país beneficiario, especialmente si tienen conocimientos técnicos de los que no disponen las fuentes oficiales". Además, "debe darse más importancia a la participación de los organismos de ejecución de los países beneficiarios mediante su participación activa en la selección, el diseño y la aplicación. En el caso de muchos tipos de proyectos, la participación activa de los usuarios finales y los beneficiarios, por ejemplo, por conducto de las comunidades y otras organizaciones locales, es indispensable para garantizar que el proyecto moviliza las energías locales y hace frente a necesidades y circunstancias efectivas" (párrafo 35). Por último, el documento del Departamento del medio ambiente del Banco Mundial sobre "La diversidad biológica y la evaluación ambiental" pone también de relieve la importancia de la participación de la comunidad y las ONG locales en la conservación de la diversidad biológica, especialmente en el caso de situaciones en que la conservación exige la imposición de restricciones en el uso de las tierras explotadas por el público o que se consideran que son de dominio de la población indígena. Por consiguiente, en lo que respecta a la determinación y evaluación de los efectos potenciales "es especialmente importante continuar el diálogo con los grupos afectados sobre la importancia de la diversidad biológica y los beneficios que pueden obtenerse gracias a su conservación; las opciones realistas de ordenación; y las costumbres, tradiciones y valores culturales locales".

4. Legislación y reglamentos nacionales

19.	El párrafo 1 b) del artículo 14 del Convenio estipula que, en la medida de lo posible y según proceda, cada Parte Contratante establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que pueden tener efectos adversos importante para la diversidad biológica. Esta disposición complementa lo dispuesto en el artículo 10 a) (que estipula que las Partes integrarán el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones) y el artículo 6 b) (según el cual cada Parte integrará la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales) del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

5. Notificación transnacional, intercambio

de información y consultas

20.	El párrafo 1 c) del artículo 14 alienta a cada Parte Contratante a que, en la medida de lo posible y según proceda, promueva, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o personas no sujetas a la jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda.

21.	Esta disposición es compatible con los principios internacionales ya existentes relativos a la cooperación transfronteriza. El principio 24 de la Declaración de Estocolmo señalaba que "las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio deben tratarse con espíritu de cooperación, mientras que el principio 7 de la Declaración de Río ponía de relieve que "los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra". La Convención Espoo analiza el problema de la notificación en su artículo 3, disponiendo, entre otras cosas, el derecho de la Parte afectada a participar en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental y asegurando también que "el público de la Parte afectada en las zonas que previsiblemente serán afectadas sea debidamente informado sobre la actividad propuesta, y tenga la posibilidad de hacer comentarios u objeciones al respecto, así como en relación con la comunicación de estos comentarios u objeciones a la autoridad competente del país de origen" (párrafo 8).

6. Respuestas en caso de emergencia

22.	El párrafo 1 d) del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula que cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados, o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de adoptar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños. Este punto se pone también de relieve en el principio 18 de la Declaración de Río, el cual estipula que "los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos Estados", mientras que el principio 19 establece que "los Estados deberán proporcionar la información pertinente y notificar previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe".

23.	La amplitud cada vez mayor de las prácticas de los Estados han llevado a la Asociación de Derecho Internacional a la conclusión de que "ha surgido una nueva regla del derecho consuetudinario internacional de que, en principio, un Estado está obligado a proporcionar "a un posible Estado víctima" información sobre toda contaminación nueva o en aumento".

24.	El párrafo 1 e) del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula que, en la medida de lo posible y según proceda, cada Parte Contratante promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos, naturales o de otra índole, que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas.

C. Actividades en curso de conformidad con el

Convenio sobre la Diversidad Biológica

25.	El párrafo 1 del artículo 14 del Convenio ha sido citado constante y ampliamente, de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en recomendaciones previas del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y en las decisiones de la Conferencia de las Partes, en relación con determinadas áreas temáticas. Las áreas temáticas consideradas hasta la fecha han sido la diversidad biológica forestal, marina y costera, agrícola y terrestre, y algunas de las medidas adoptadas son, entre otras, las siguientes:

a)	La declaración acerca de la diversidad biológica y los bosques que la Conferencia de las Partes decidió, por su decisión II/9, transmitir al Grupo Intergubernamental sobre Bosques en su segunda reunión. En el párrafo 10 de esa declaración, la Conferencia de las Partes pidió al Grupo Intergubernamental que estudiara la evaluación del impacto ambiental de las actividades, planes, programas y políticas sectoriales que, según se podía prever, podían tener efectos perjudiciales para los ecosistemas forestales. En el párrafo 12, la Conferencia de las Partes reconoció la necesidad de desarrollar y aplicar métodos para una ordenación sostenible de los bosques que combinen metas productivas, metas socioeconómicas de las comunidades locales dependientes de los bosques y metas ambientales, especialmente las relacionadas con la diversidad biológica;

b)	La decisión II/10, sobre conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera, por la cual la Conferencia de las Partes tomó nota de la recomendación I/8 del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, sobre los aspectos científicos, técnicos y tecnológicos de la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica marina y costera, y afirmó que constituía una sólida base para la ulterior elaboración de las cuestiones presentadas. En el párrafo 10 de esa recomendación, recomendó la promoción de la ordenación integrada de las zonas marinas y costeras (OIZMC) como marco para hacer frente a los efectos de las actividades realizadas en tierra sobre la diversidad biológica marina y costera y los efectos de las actividades humanas sobre la diversidad biológica marina y costera. Recomendó también que se alentara a los gobiernos, las comunidades y los usuarios a adoptar medidas de ordenación integrada, que la evaluación del impacto ambiental de las principales actividades de desarrollo costeras y marinas deberían realizarse teniendo en cuenta los efectos acumulativos de los impactos, y la vigilancia y evaluación sistemáticas de los efectos de los proyectos y durante su ejecución. En la recomendación se señaló también que era necesario atender las necesidades socioeconómicas de las comunidades costeras en lo relativo a la planificación y puesta en práctica de la ordenación de las zonas marinas y costeras; fomentar técnicas de evaluación expeditivas para mejorar la conservación y la ordenación de la diversidad biológica marina y costera; prestar atención a los efectos que las actividades basadas en tierra tienen en la diversidad biológica marina y costera y determinar las metodologías e investigaciones necesarias para evaluar esos impactos, y prestar atención a los efectos de la limpieza de lodos y la contaminación procedentes de buques en la diversidad biológica marina y costera y adoptar medidas para mitigar los efectos adversos. En lo que respecta a la maricultura, el Órgano Subsidiario recomendó a las Partes, en el párrafo 15 de la misma recomendación, que emplearan prácticas de maricultura ambientalmente sostenibles, por ejemplo, mediante la realización previa de evaluaciones del impacto social y ambiental (de conformidad con el artículo 14) y mediante reglamentos (artículo 10) y la incorporación de la participación de las comunidades locales e indígenas. En lo que se refería a las especies exóticas, el Órgano Subsidiario, en el párrafo 16, recomendó a las Partes que incluyeran en sus planes nacionales, en la medida de lo posible y conveniente, la realización de una evaluación del impacto ambiental, en particular la evaluación de riesgos, antes de la introducción intencionada de especies exóticas y que hicieran una evaluación de las posibles especies indígenas alternativas, y determinaran si las especies introducidas podrían vigilarse adecuadamente y si sus efectos adversos podían eliminarse en el plazo de dos generaciones humanas. Recomendó también que las evaluaciones del impacto ambiental se realizaran antes de la construcción de canales que enlacen masas de aguas costeras;

c)	La decisión III/11 sobre conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica agrícola, con arreglo a cuyo párrafo 1 la Conferencia de las Partes estableció un programa multianual de actividades en materia de diversidad biológica agrícola destinado, entre otras cosas, a promover los efectos positivos y mitigar la repercusión negativa de las prácticas agrícolas en la diversidad biológica, incluidas la identificación y evaluación de las actividades pertinentes en curso y los instrumentos existentes a nivel internacional. En el párrafo 15 de la misma decisión, entre otras cosas, la Conferencia alentó a las Partes a realizar evaluaciones del impacto a fin de minimizar los efectos adversos perjudiciales para la diversidad biológica agrícola, de conformidad con el artículo 14 del Convenio;

d)	La aportación al Grupo Intergubernamental sobre Bosques, respecto de la cual la Conferencia de las Partes decidió, en su decisión III/12, transmitir al Grupo en su cuarta reunión, considerándolo como un elemento prioritario de investigación y tecnología, entre otras cosas, el análisis científico de las normas en que las actividades humanas, en especial las prácticas de ordenación forestal, influyen en la diversidad biológica y la evaluación de las formas para reducir o mitigar las influencias negativas.

II. RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN

26.	El párrafo 2 del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula que:

"La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna."

27.	Como puede verse por todo lo anterior, ese párrafo pide la realización de estudios antes de proceder al examen de las cuestiones de la responsabilidad y la reparación propiamente dichas. A fin de facilitar las deliberaciones sobre este tema en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, y para determinar los criterios aplicables en los estudios que han de emprenderse, en la presente nota se describen las funciones de la responsabilidad, se ofrece un panorama general de las actuales deliberaciones sobre esta cuestión de la responsabilidad y la reparación en otros foros internacionales y con arreglo a otros acuerdos, y se señalan los elementos de responsabilidad y reparación en el derecho ambiental internacional que pueden tenerse en consideración para tratar el problema de la responsabilidad en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

A. Funciones de la responsabilidad

28.	En el derecho internacional, la función de la responsabilidad tiene cuatro aspectos:

a)	De prevención, al actuar como un incentivo que insta a una de las partes a hacer todo lo posible por evitar el cargo de responsabilidad, utilizando para ello mecanismos de prevención y precaución, tales como la evaluación del impacto ambiental, sistema de ordenación ambiental y análisis de riesgos;

b)	De reparación, al trasladar, total o parcialmente, las consecuencias perjudiciales de un comportamiento del demandante al autor de dicho comportamiento mediante un acuerdo de indemnización. Esta es la base para aplicar el "principio del que contamina paga" según el cual quién haya causado la contaminación debe pagar los costos de los daños ocasionados;

c)	De corrección, al servir como un método para hacer aplicar la ley, incluso después de haberse producido el daño. Ofrece al demandante un instrumento para garantizar la protección legal de sus intereses y abarca la función punitiva de la responsabilidad en la medida en que dicha función existe en el derecho internacional;

d)	De disuasión, al alentar a los Estados, las empresas y las personas individuales a comportarse con el nivel adecuado de diligencia a fin no de tener que indemnizar a víctimas inocentes por los daños causados a éstas.

B. Deliberaciones conexas realizadas en

otros foros internacionales

29.	La responsabilidad ha sido examinada ampliamente en el derecho internacional público. Es necesario hacer una distinción entre las deliberaciones de carácter general relacionadas con el derecho internacional y las normas existentes en acuerdos específicos que reglamentan determinadas actividades.

30.	En general se acepta la norma de que los Estados tienen la obligación de abstenerse de realizar actividades que pueden causar perjuicios a otros Estados o a zonas que no están bajo la jurisdicción nacional. Este principio general del derecho internacional ha sido confirmado muchas veces en la práctica de los Estados y en la doctrina. Se especifica en el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, así como en el Principio 2 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, de 1992, y fue incluido en el artículo 3 del Convenio sobre la Diversidad Biológica:

"De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional."

31.	El Principio 22 de la Declaración de Estocolmo y el Principio 13 de la Declaración de Río disponen que los Estados deberán cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional y la legislación nacional en lo que respecta a la responsabilidad y reparación para las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales causados por actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, o en zonas situadas fuera de su jurisdicción.

32.	El Grupo de Trabajo especial de composición abierta de expertos en seguridad de la biotecnología, bajo los auspicios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, está negociando actualmente un protocolo para reglamentar el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados. Una de las cuestiones examinadas por el Grupo de Trabajo es la responsabilidad e indemnización. La responsabilidad por el daño ambiental está siendo también examinada por un Grupo de Trabajo especial de expertos jurídicos y técnicos para estudiar y elaborar un proyecto de protocolo sobre responsabilidad e indemnización por los daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, de conformidad con el Convenio de Basilea, así como por un grupo de expertos jurídicos que trabajan con arreglo al Protocolo de 1991 sobre la protección del medio ambiente del Tratado Antártico.

33.	En 1996, la Comisión de Derecho Internacional nombró un grupo de trabajo para redactar artículos sobre responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales que son resultado de actos no prohibidos por el derecho internacional. En el artículo 4 se dispone que "los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir o reducir el riesgo de daños transfronterizos importantes y, si dicho daño se ha producido ya, para reducir sus efectos", mientras que en el artículo 5 se reitera que la responsabilidad como consecuencia de un daño transfronterizo importante dará lugar a una indemnización u otra de forma de reparación.

34.	Varios acuerdos internacionales y regionales tratan de la responsabilidad y la reparación por los daños ambientales. Contienen una serie de reglas sustantivas y de procedimiento que deberán ser examinadas en el contexto de la preparación de un estudio sobre el problema de la responsabilidad de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

C. Elementos de responsabilidad y reparación

en el derecho ambiental internacional

35.	Las disposiciones sobre responsabilidad y reparación de los acuerdos internacionales suelen contener cierto número de elementos sustantivos y de procedimiento. Los elementos comunes principales son los siguientes:

a)	Definición de las actividades o de las sustancias de que se trata;

b)	Definición del daño;

c)	Tipo de responsabilidad;

d)	Determinación de la magnitud de los daños causados;

e)	Atribución de la responsabilidad;

f)	Determinación de quién puede presentar una reclamación;

g)	Determinación de las medidas de reparación disponibles;

h)	Determinación del tribunal o tribunales que deben atender las reclamaciones;

i)	Disposición para la obligación de aplicar las sentencias nacionales en los tribunales de todas las Partes;

j)	Limitación del monto de la responsabilidad;

k)	Disposición sobre exoneración.

1. Definición de las actividades o de

las sustancias de que se trata

36.	Cabe señalar que la mayoría de los acuerdos tratan de actividades peligrosas o que ofrecen riesgos; en estos casos la finalidad primordial de la responsabilidad es promover la disuasión y la reparación. El proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional por consecuencias perjudiciales derivadas de actos que no están prohibidos por el derecho internacional, se refieren a los daños causados por actividades peligrosas que tienen el riesgo evidente de causar consecuencias perjudiciales. Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional se abstuvo deliberadamente de proporcionar incluso una lista de ejemplos de las actividades que debían incluirse, con toda probabilidad por temor a omitir alguna de estas actividades. Entre los convenios que tratan de las sustancias dañinas o peligrosas, cabe citar: el Convenio internacional de 1969 sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación por hidrocarburos (Convenio sobre responsabilidad civil) y la Convención internacional de 1971 sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos (Convención del Fondo), que estableció un régimen de daños ambientales causados por la contaminación de hidrocarburos, mientras que el Protocolo de responsabilidad de 1992 revisa y desarrolla la definición de contaminación de 1969, e incluye la indemnización por daños causados al medio ambiente; el Convenio de París, de 1960, acerca de la responsabilidad civil de terceras partes en materia de energía nuclear, y la Convención de Viena de 1963 sobre responsabilidad civil por daños nucleares y su Protocolo de 1997; el Convenio de Basilea, de 1989, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, y su proyecto de protocolo sobre responsabilidad e indemnización; la Convención de 1993 sobre responsabilidad civil por los daños resultantes de actividades peligrosas para el medio ambiente (Convención de Lugano), que no está en vigor. El programa a largo plazo de 1993 para el desarrollo y examen periódico del derecho ambiental, aprobado por el Consejo de Administración del PNUMA, establece reglas y procedimientos para una indemnización apropiada a las víctimas que sufren pérdidas como consecuencia de actividades perjudiciales para el medio ambiente.

37.	La definición de las actividades y las sustancias incluidas entran en el ámbito del derecho internacional. Por consiguiente, todo estudio sobre responsabilidad de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica debe considerar en qué forma los objetivos del Convenio, establecidos en el artículo 1, se refieren a las funciones de la responsabilidad.

2. Definición del daño

38.	El párrafo 2 del artículo 14 del Convenio se refiere específicamente a "daños causados a la diversidad biológica", mientras que el artículo 2 define a la diversidad biológica como: "la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas". Esta definición, más bien amplia, hace difícil distinguir entre el medio ambiente y la diversidad biológica. La Conferencia de las Partes deseará tal vez incluir una aclaración del término en el estudio que ha de realizarse en cumplimiento del párrafo 2 del artículo 14.

39.	Los acuerdos internacionales sobre responsabilidad por el daño causado por actividades peligrosas para el medio ambiente disponen la indemnización fundamentalmente con arreglo a tres clases de daños: pérdida de vida, lesión personal y pérdida o daños causados a la propiedad. Siguiendo esta tendencia, el Convenio de 1972 sobre responsabilidad internacional por los daños causados por objetos espaciales, en su artículo I a), define el daño como "la pérdida de vida, lesión personal u otros daños a la salud" o "pérdida o daño a la propiedad de los Estados o de las personas, naturales o jurídicos, a la propiedad de las organizaciones intergubernamentales internacionales". Los dos convenios sobre responsabilidad nuclear prevén el daño o la pérdida de vida y el daño o la pérdida de propiedad.

40.	Se ha desarrollado el derecho internacional para dar protección al medio ambiente. El Convenio sobre los efectos transfronterizos de los accidentes industriales de 1992, y el Convenio sobre la protección y utilización de cursos de aguas transfronterizos y lagos internacionales, ambos concertados con los auspicios de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), dan una definición amplia del daño ambiental que incluye los efectos sobre la salud y la seguridad humanas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje y los monumentos históricos. El párrafo 7 del artículo 2 de la Convención de Lugano y el párrafo 2 b) del artículo 2 del proyecto de protocolo al Convenio de Basilea, consideran daños: la pérdida de vida o la lesión personal; la pérdida de propiedad o el daño causado a la misma; la pérdida de utilidades; el costo de las medidas de prevención, con inclusión de cualquier pérdida o daño causado por estas medidas. El proyecto de artículo de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad internacional tiene en cuenta el daño físico a las personas, la propiedad y el medio ambiente. En 1994, PNUMA estableció un Grupo de Trabajo especial de expertos sobre responsabilidad e indemnización por los daños causados al medio ambiente por actividades militares. Se pidió al Grupo, entre otras cosas, que diera una definición de "daño ambiental". Definiendo en primer lugar el medio como los componentes abióticos y bióticos y el ecosistema formado por sus interacciones, así como el patrimonio cultural, las características del paisaje y el esparcimiento ambiental, el Grupo de Trabajo definió el "daño al medio ambiente" como: "un cambio que tiene un efecto adverso mensurable sobre la calidad de un determinado ambiente o de cualquiera de sus componentes, con inclusión de sus valores de uso y no uso y su capacidad para apoyar y sostener una calidad aceptable de la vida y un equilibrio ecológico viables" (UNEP/Env.Law/3/1, párrafo 45).

3. Tipo de responsabilidad

41.	La distinción principal es la que existe entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad civil. La primera se refiere a la responsabilidad en cuestiones internacionales, del Estado o de cualquier otra organización internacional, mientras que la segunda se refiere a la responsabilidad de cualquier persona jurídica o natural.

42.	Tanto la responsabilidad del Estado como la responsabilidad civil pueden subdividirse en:

a)	Responsabilidad basada en un acto indebido, que se refiere a un tipo de comportamiento que exige intención, imprudencia o negligencia. El demandante tiene la carga de la prueba del comportamiento negligente y del consiguiente daño causado;

b)	Responsabilidad estricta o absoluta, que corresponde directamente al acusado sin tener en cuenta la falta; el demandante no tiene que probar nada excepto una conexión causal entre la actividad de que se trata y el daño sufrido. La responsabilidad sin falta se ha utilizado generalmente para impedir las actividades peligrosas sin prohibir por completo los beneficios que puedan obtenerse de ellas. Por consiguiente, el razonamiento de la responsabilidad estricta es que quienquiera que emprenda actividades que tienen un riesgo inherente de daño -por ejemplo, las clasificadas como actividades peligrosas- es responsable por los daños causados a terceras partes, incluso sin que exista una negligencia evidente.

43.	La responsabilidad estricta por actividades peligrosas está prevista en los sistemas jurídicos nacionales de todo el mundo, así como en cierto número de tratados internacionales. Un régimen de responsabilidad estricta es el que se establece en los convenios relativos a la contaminación por hidrocarburos; en ambos convenios de París y Viena sobre daños nucleares, en el proyecto de protocolo del Convenio de Basilea, y en los proyectos de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad internacional. El único ejemplo con una norma clara de responsabilidad absoluta del Estado es el Convenio de 1972 sobre la responsabilidad internacional por los daños causados por objetos espaciales, cuyo artículo 11 dispone que todo Estado que lanza un objeto espacial tiene la obligación de pagar una indemnización por el daño causado por este objeto espacial sobre la superficie de la Tierra o a una aeronave en vuelo.

4. Determinación de la magnitud de los daños

44.	Una cuestión importante planteada en relación con el "daño ambiental" es la que se refiere al umbral en el cual ese agotamiento o daño entrañaría o podría entrañar responsabilidad por una parte. No hay normas internacionales acordadas que establezcan un umbral para el daño ambiental que pone en marcha la responsabilidad. El documento verde de 1993 de la Comisión Europea sobre la reparación de daños ambientales reconoce que es necesario establecer estos umbrales en un régimen de responsabilidad y señala varias posibilidades para determinar el nivel del daño ambiental que pone en marcha la responsabilidad. Estos niveles son:

a)	Una referencia a "cargas críticas", que describe el punto en que un contaminante se concentra en el medio ambiente en un nivel tal que no puede ser diluido o fragmentado por procesos naturales;

b)	La referencia a indicadores ambientales y a la contabilidad ambiental para medir la actividad, las presiones y las condiciones ambientales;

c)	La referencia existente en la legislación internacional que establece requisitos de calidad para la flora y la fauna, la calidad del agua y del aire, y que puede considerarse que establece un umbral para el daño ambiental por encima del cual una persona responsable del aumento sería considerada responsable de las consecuencias. Los instrumentos internacionales que establecen normas de calidad ambiental, o normas sobre productos, emisiones o procesos, pueden proporcionar cierta orientación respecto del nivel del daño ambiental que la comunidad internacional considera tolerable o aceptable.

45.	El Convenio de Viena de 1963 sobre responsabilidad civil por daños nucleares hace referencia a "importantes efectos perjudiciales", mientras que la Comisión de Derecho Internacional, en su trabajo sobre los usos distintos de la navegación en los cursos de agua internacionales modificó el umbral del daño en sus artículos de "apreciable" a "importante", en respuesta a observaciones hechas por los Estados. Según la Comisión de Derecho Internacional, "considerable" significa "algo más que medible, pero menos que grave o importante".

5. Atribución de la responsabilidad

46.	La mayoría de los acuerdos internacionales atribuyen la responsabilidad a un sujeto claramente identificable que generalmente es el "operador", es decir, la persona que tiene el control operativo en el momento del incidente que causa el daño. Este concepto figura en los convenios sobre contaminación por hidrocarburos, en las convenciones sobre daño nuclear así como en la Convención de Lugano. El proyecto de protocolo al Convenio de Basilea aplica un criterio más elaborado y atribuye la responsabilidad al notificador, el eliminador o cualquier persona -sin incluir a sus empleados u organismos gubernamentales- que en el momento del incidente tiene el control operativo de los desechos (artículo 4). Los proyectos de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad internacional disponen, pero no sin controversia, la responsabilidad del Estado, excluyendo la responsabilidad de una persona o empresa. Por último, la Convención para la Reglamentación de las actividades sobre recursos minerales antárticos, de 1988, prevé una responsabilidad compartida por el daño ambiental entre el operador y el Estado, y por consiguiente vincula la responsabilidad civil y la del Estado. Este Convenio no ha entrado en vigor.

47.	El párrafo 2 del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica excluye específicamente la responsabilidad que es estrictamente interna. Todo estudio sobre la responsabilidad de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica debe tener en cuenta la relación existente entre la atribución de la responsabilidad y esta exclusión.

6. Determinación de quién puede presentar

una reclamación

48.	El párrafo 2 a) del artículo 3 del proyecto de protocolo al Convenio de Basilea establece que el protocolo no se aplicará al daño sufrido en una zona bajo la jurisdicción nacional de un Estado que no es parte en el protocolo, mientras que en sus deliberaciones sobre el alcance de la decisión 7 del Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo del PNUMA sobre responsabilidad e indemnización no consideró que debía haber ninguna restricción al hecho de que un Estado presentara una reclamación en nombre de organizaciones no gubernamentales registradas o incorporadas de conformidad con su legislación, por cualquier pérdida en que hubieran incurrido (UNEP/Env.Law/3/Inf.1, párrafo 28).

49.	Las Partes pueden estudiar si, dentro del marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el daño a la diversidad biológica podría ser reclamado por Estados que son Partes en el Convenio, por otros Estados y/o por partes del sector privado.

7. Determinación de las medidas

de reparación disponibles

50.	En la mayoría de los acuerdos internacionales el demandante probablemente deseará obtener una reparación financiera para cubrir los costos asociados con el daño material causado a los recursos ambientales, incluida la restauración y el restablecimiento. El Protocolo de 1997 que modifica el Convenio de Viena de 1963 sobre responsabilidad civil por daños nucleares, en su artículo 2 dispone que:

"Por medidas de restablecimientos se entiende cualquier medida razonable que haya sido aprobada por las autoridades competentes del Estado donde se adoptaron dichas medidas, y cuya finalidad es restablecer o restaurar los componentes dañados o destruidos del medio ambiente, o introducir, cuando sea razonable, el equivalente de estos componentes en el medio ambiente. La legislación del Estado donde se produce el daño determinará quién tiene derecho a adoptar estas medidas."

51.	El artículo 1 del proyecto de protocolo al Convenio de Basilea dispone una indemnización adecuada y rápida, con inclusión del restablecimiento del medio ambiente, por los daños resultantes del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos y su eliminación. Aunque es deseable restablecer la situación existente antes del daño, es posible que algunos tipos de daño ambiental no puedan ser corregidos.

52.	La dificultad que se plantea en relación con la evaluación del daño causado al medio ambiente o a la diversidad biológica con el propósito de evaluar una indemnización apropiada ha sido objeto de una atención cada vez mayor. A este respecto, el artículo 10 bis del proyecto de protocolo al Convenio de Basilea considera la posibilidad de crear una lista de expertos en la esfera de la evaluación y el restablecimiento del daño ambiental para que pueda ser utilizada por las Partes cuyos tribunales necesitan ayuda para evaluar el daño causado al medio ambiente, los costos de las medidas preventivas y las medidas de restablecimiento.

8. Determinación del tribunal o tribunales

que deben atender las reclamaciones

53.	La determinación de los tribunales donde un demandante pueda presentar una reclamación puede facilitar la reparación del daño. El problema de la igualdad de acceso se plantea en el artículo 19 de la Convención de Lugano, el cual establece que las demandas de indemnización sólo pueden presentarse dentro de una de las Partes en el tribunal del lugar:

a)	Donde se produjo el daño;

b)	Donde se desarrolló la actividad peligrosa;

c)	Donde el acusado tiene su residencia habitual.

Este tipo de disposición impone a los Estados Parte la obligación de conceder jurisdicción a sus tribunales para oír de este tipo de reclamaciones.

54.	De conformidad con los proyectos de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad, las personas afectadas que consideren que han sufrido un perjuicio pueden elegir iniciar una acción judicial en los tribunales del Estado afectado o en los tribunales del Estado de origen. El artículo 10 del proyecto de protocolo al Convenio de Basilea estipula que las reclamaciones de indemnización sólo pueden presentarse en los tribunales de una Parte Contratante donde:

a)	Se sufrió el daño;

b)	Se produjo el incidente;

c)	El acusado tiene su residencia habitual o su lugar principal de actividad comercial.

9. Disposición para la obligación de aplicar las sentencias

nacionales en los tribunales de todas las Partes

55.	El artículo 23 de la Convención de Lugano establece que una decisión tomada por un tribunal con jurisdicción donde no está ya sujeta a las formas ordinarias de revisión, será reconocida en todas las partes y será aplicable en cada parte tan pronto como se hayan completado los trámites exigidos por la parte de origen. El artículo 10 del Convenio Internacional de 1969 sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación por hidrocarburos, y el artículo 12 de la Convención de Viena de 1963 sobre responsabilidad civil por daños nucleares contienen disposiciones similares a las que figuran en la Convención de Lugano.

10. Limitación del monto de la responsabilidad

56.	Fijar una limitación a la cantidad de la responsabilidad financiera en que puede incurrir un operador en caso de daño es una cuestión de política que varía según el tema tratado en los convenios. Algunos acuerdos internacionales que tratan de la responsabilidad exigen a ciertas partes que mantengan un seguro adecuado o que prevean la constitución de un fondo. Tal es el caso con el Convenio sobre responsabilidad civil de 1969 por daños causados por la contaminación de hidrocarburos y la Convención del Fondo de 1971. El Convenio sobre la responsabilidad civil trata de la responsabilidad de los armadores y exige que éstos tomen un seguro de responsabilidad. Normalmente el armador tiene derecho a limitar su responsabilidad a una cantidad que está vinculada con el tonelaje de su buque. La Convención del Fondo crea un sistema de indemnización adicional por conducto de una organización intergubernamental de carácter mundial llamada International Oil Pollution Compensation Fund (Fondo IOPC). Se prevé el pago de una indemnización a los gobiernos o a otras autoridades que han incurrido en costos de limpieza o costos para prevenir o reducir los daños causados por la contaminación, así como a los órganos privados o a las personas que han sufrido daños. En la misma época en que se negociaron el Convenio sobre la responsabilidad civil de 1969 y la Convención del Fondo de 1971, se probaron otros dos planes industriales voluntarios: el Tanker Owners Voluntary Agreement concerning Liability for Oil Pollution (TOVALOP) y el Contraact Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution (CRISTAL). El propósito de estos dos planes industriales era proporcionar beneficios comparables a los disponibles con arreglo al Convenio sobre responsabilidad civil y la Convención del Fondo en los Estados que no habían ratificado estos convenios. Tanto el TOVALOP como CRISTAL expiraron en 1997. Dos protocolos modificaron el Convenio sobre responsabilidad civil y la Convención del Fondo en 1992, con mayores límites de indemnización y una aplicación más amplia.

57.	El Protocolo de 1997 para enmendar el Convenio de Viena y el correspondiente Convenio sobre indemnización complementaria por daño nuclear, tienen un alcance más amplio, prevén una cantidad mayor respecto de la responsabilidad del operador de una instalación nuclear y mayores medios para asegurar una indemnización adecuada y equitativa. El artículo 12 de la Convención de Lugano establece que:

"Cada Parte garantizará que, cuando corresponda, y teniendo debidamente en cuenta los riesgos de la actividad, los operadores que desarrollen una actividad peligrosa en sus territorios tengan la obligación de participar en un plan de seguro financiero o de tener y mantener una garantía financiera hasta un cierto límite, del tipo y las condiciones especificadas por la legislación interna, para cubrir la responsabilidad en virtud de esta Convención."

58.	Por otra parte, el artículo 5 del proyecto de protocolo al Convenio de Basilea no incluye ningún límite financiero por concepto de responsabilidad.

11. Disposición sobre exoneración

59.	Por regla general, los tratados de responsabilidad civil prevén excepciones estableciendo que no se considerará responsable al operador por los daños que el operador demuestre que han sido causados por actos de guerra, hostilidades, guerras civiles, insurrecciones; fenómenos naturales de un carácter excepcional, inevitable e irresistible, por el comportamiento erróneo intencional de una tercera parte; por el cumplimiento de una orden específica o una medida obligatoria de una autoridad pública; por un acto de descuido u otro acto indebido de cualquier gobierno u otra autoridad.

III. RECOMENDACIONES

60.	Se invita a la Conferencia de las Partes a estudiar los siguientes elementos de una decisión:

En la relación con la evaluación del impacto

1.	Recordando sus decisiones relativas a la evaluación del impacto en relación con determinadas áreas temáticas, invitar a las Partes, a los países y a los nacionales así como a las organizaciones internacionales, a transmitir al Secretario Ejecutivo informes y estudios monográficos relativos a la evaluación del impacto ambiental en estas áreas temáticas, con el propósito de intercambiar información y compartir experiencias;

2.	Pedir al Secretario Ejecutivo que prepare una síntesis de esos estudios monográficos e informes para su consideración por el OSACTT, con miras a contribuir a la preparación de directrices sobre procedimientos de evaluación del impacto ambiental que se refieran concretamente a los efectos sobre la diversidad biológica;

3.	Pedir al OSACTT que presente a la Conferencia de las Partes, en su quinta reunión, proyectos de directrices sobre procedimientos de evaluación del impacto ambiental para su consideración;

4.	Pedir al Secretario Ejecutivo que pongan la información mencionada en el párrafo 1 a disposición mediante el mecanismo de facilitación y otros medios apropiados.

En relación con la responsabilidad y reparación

5.	Invitar a las Partes, países y organizaciones internacionales pertinentes a que proporcionen al Secretario Ejecutivo información sobre sus reglamentos y acuerdos nacionales, internacionales y regionales sobre responsabilidad y reparación en casos de daños a la diversidad biológica, con inclusión del carácter, el alcance y la amplitud de dichas disposiciones, así como información sobre la experiencia adquirida en su aplicación;

6.	Recordando el párrafo 2 del artículo 14 del Convenio, pedir al Secretario Ejecutivo que prepare un informe basado en la síntesis de la información contenida en esas comunicaciones y en otra información pertinente, para su consideración por la Conferencia de las Partes en su quinta reunión.

-----